Buscan que deudores de cuotas alimentarias no puedan realizar trámites en el Municipio

Con la finalidad de proteger los derechos de los niños, la presidenta del HCD, Marina Casaretto, presentará en la sesión ordinaria del próximo jueves el proyecto de ordenanza. Aquellos que deseen, tramitar o renovar la licencia de conducir o abrir un comercio, entre otros, deberán estar al día.

La presidenta del HCD, Marina Casaretto, presentará el próximo jueves en el recinto un proyecto de ordenanza que buscará que los padres y madres deudores de cuotas alimentarias no puedan acceder a ningún tipo de trámite en el Municipio.

Esta importante propuesta busca proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, se suma a otras iniciativas con perspectiva de género que viene impulsando la titular del Concejo Deliberante.

La iniciativa intenta establecer que ante cualquier requerimiento administrativo en el Municipio, el solicitante deberá tener saldada la cuota alimentaria.

De no ser así, se verá imposibilitado a acceder, entre otros, a la tramitación o renovación de la licencia de conducir, la habilitación de comercios o industrias, plan de facilidades de pago o moratorias y solicitud de subsidio de cualquier tipo.

Asimismo, aquellas personas que pretendan inscribirse como proveedores del Municipio deberán adjuntar junto al resto de los requisitos, una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Tampoco se podrán designar como agentes o funcionarios municipales, bajo ninguna de las modalidades legalmente previstas, a quienes adeuden la cuota alimentaria.

“Es muy importante que se implementen en el ámbito local mecanismos tendientes a desalentar los incumplimientos de las obligaciones alimentarias”, enfatizó Casaretto al indicar que su objetivo es “ampliar su reglamentación para quienes su derecho se ha visto menoscabado”.

Y agregó: “En la mayoría de los casos la falta de responsabilidad de los padres y madres causan graves perjuicios en la calidad de vida de los niños y adolescentes y jóvenes en un verdadero estado de desamparo; y es allí donde el Estado debe intervenir arbitrando medidas que amparen a los sectores de mayor vulnerabilidad”.

Por otra parte, la presidenta del HCD calificó como una “herramienta fundamental de protección” para aquellos que pese a tener reconocido judicialmente su derecho, se vean imposibilitados de recibirlo.