La legalización del aborto vuelve a discutirse en el Congreso
Así lo anunció a través de un video el presidente, Alberto Fernández. Al proyecto de legalización lo acompañará otro para garantizar los cuidados en los primeros mil días del bebe. Según trascendió se debatirá durante las sesiones extraordinarias de diciembre, "es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo", expresó.
"He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida" señaló a través de un video ayer por la tarde Alberto Fernández. De está forma oficializaba al presentación del tan esperado proyecto de legalización del aborto, que había sido uno de sus compromisos durante la campaña.
El Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.
El proyecto de legalización por su parte tiene un fuerte eje en la capacitación con perspectiva de género de docentes y médicos para la implementación de la ESI. Establece además la interrupción legal hasta la semana catorce, y en caso de violación o riesgo de vida materna o fetal se contempla que se realice luego de esa fecha. Las obras sociales y prepagas, además de hospitales, deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. También contempla el asesoramiento a las personas gestantes que soliciten el IVE pero no es una condición obligatoria.
Sobre la objeción de conciencia será personal, es decir solo podrá pedirlo el profesional de la salud que intervenga directamente en el caso pero deberá “derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. Asimismo también señala que tendrá que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica, cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
“El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”, apunta el proyecto enviado por el máximo mandatario.
Por lo pronto ya comenzaron los "poroteos” sobre la postura de cada legislador, se trata de un proyecto con un fuerte peso político y desde el Frente de Todos intentarán evitar que suceda lo mismo que en el 2018. Según los conteos que se vienen haciendo en redes sociales, la Cámara de Diputados tiene inclinación “verde” con una diferencia de cerca de 10 votos. En tanto el Senado vuelve a verse como terreno complejo, algunos representantes no expresaron su postura y hasta la última actualización el sector celeste contaba con dos votos arriba. Cabe destacar, que en caso de empate, definirá la presidenta del Senado, Cristina Fernández, quien en 2018 votó de manera positiva.
Lee los dos proyectos completos:
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