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Los delitos de la guerrilla no son de lesa humanidad, ratificó la Cámara de Casación

La Sala II confirmó un fallo previo y rechazó reabrir una causa que buscaba considerar como delito de lesa humanidad la muerte del coronel Larrabure. Los camaristas argumentaron que ''no corresponde aplicar las categorías de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra” a este tipo de episodios.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el fallo de la Cámara Federal de Rosario, que en septiembre había rechazado considerar el episodio de la muerte del Coronel Argentino del Valle Larrabure como ''delito de lesa humanidad'' y ordenado el archivo de la causa.


De esta forma, el máximo tribunal penal se pronunció a favor de la idea de que los atentados, asesinatos, y demás episodios de violencia cometidos por las organizaciones guerrilleras -como Montoneros, P.R.T.-E.R.P., F.A.P. y F.A.R.- en los años 70 no constituyen delitos de lesa humanidad y, por ende, prescribieron por el paso del tiempo.


El caso en cuestión sobre el que fallaron las cámaras es el de la muerte de Argentino del Valle Larrabure, nombre con el cual los campanenses están familiarizados ya que durante la última dictadura militar se bautizó una avenida de la ciudad en su honor (luego se rebautizó un tramo de ella a ''Av. 6 de Julio'' durante la gestión de Jorge Rubén Varela, en 2005).


Larrabure, militar ascendido a teniente coronel mientras se encontraba secuestrado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo -en un caso de ascenso sin precedentes en la historia militar argentina- está relacionado a Campana, además, por haber prestado funciones en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético. En esta fábrica, inaugurada por el Gral. Perón en 1952, y la primera de este tipo en el país, funcionó durante el Proceso de Reorganización Nacional uno de los múltiples centros clandestinos de detención de la zona. Debido a que allí se llevaron a cabo detenciones, torturas y asesinatos, es que en agosto de este año se solicitó que sea debidamente señalizado según indican las leyes provinciales y nacionales. La iniciativa contó con el rol protagónico del concejal de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane Más Campana Carlos Gómez, hijo y sobrino de desaparecidos, y miembro de la agrupación H.I.J.O.S [más info].


Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon “inadmisible” un recurso interpuesto por el Dr. Javier Vigo Leguizamón, apoderado del querellante Arturo Cirilo Larrabure (hijo de Argentino), mediante el cual pedía el llamado a indagatoria de Juan Arnol Kremer Balugano, integrante del E.R.P.


Juan Arnol Kremer Balugano, mas conocido como Luis Mattini, es un intelectual de izquierda nacido en Zárate que trabajó en Dálmine-Siderca. Tras la muerte de Mario Santucho -fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y líder del E.R.P., la mayor organización guerrillera marxista no-peronista del país-, Kremer fue secretario general del P.R.T.-E.R.P. En 1977 se exilió a Suecia, donde se refugió, y retornó al país en 1987.

Según la imputación, a Kremer se lo acusa de haber sido autor mediato ''en su carácter de miembro del bureau político de la organización terrorista E.R.P., y dentro del marco de un ataque sistemático a la población civil, planificado y realizado por la misma para tomar el poder del Estado argentino'' del secuestro de Larrabure.


En la noche del 11 de agosto de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, integrantes del E.R.P. irrumpieron en una cena que se estaba llevando a cabo en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba, a la cual asistía gran parte del personal de la fábrica, incluyendo a Larrabure y su esposa. El comando, compuesto de 70 guerrilleros fuertemente armados, primero dominó a los guardias de seguridad y luego se llevó secuestrados a Larrabure y al capitán Roberto García (también pretendieron llevarse al teniente coronel Osvaldo Guardone, director de la fábrica, pero que no encontraron).

Larrabure estuvo poco más de un año prisionero -372 días-, y finalmente murió el 19 de agosto de 1975. Cuatro días después, su cadáver apareció envuelto en una sábana y en una frazada en un zanjón.

Los camaristas afirmaron que la parte querellante e impulsora del recurso de Casación “no ha acreditado adecuadamente, en la hipótesis, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara” y, por ende, “corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas”.

La Cámara Federal de Rosario había argumentado en septiembre, en uno de los párrafos de su fallo, que rechazaba de forma unánime la reapertura del caso (que tenía como objetivo calificar la muerte de Larrabure como ''delito de lesa humanidad'' y, de esa forma, volverlo imprescriptible), diciendo que: “pese a su empeño, la querella no ha logrado acreditar hasta el momento la colaboración, apoyo o tolerancia por parte del Estado con el accionar de la organización E.R.P., lo que obsta a que los hechos sean declarados imprescriptibles”.


Nadia Schujman, abogada de H.I.J.O.S., celebró esta resolución, y declaró que “siempre supimos que todos los argumentos legales estaban y están de nuestro lado. Ahora, las distintas esferas judiciales lo están confirmando [...] Pese al disciplinamiento que pretende el Poder Ejecutivo, sigue habiendo jueces que fallan conforme a la Constitución y a la vigencia de los tratados de derechos humanos''


La afirmación de que Larrabure fue asesinado por el E.R.P. sirvió como argumento -afirman los historiadores- para el golpe de Estado de 1976. Sin embargo, ni la autopsia ni el expediente judicial probaron que haya sido un homicidio. Tampoco el testimonio de su compañero de cautiverio, un empresario que se probó que fue amenazado para que confirmara la versión oficial.


El fallo:


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