Reglamentan la utilización de teléfonos móviles en las cárceles bonaerenses
El Servicio Penitenciario Bonaerense explicó que el protocolo de uso de celulares en los penales fue pensado originalmente ante la necesidad de cesar las visitas para evitar contagios masivos -algo que se logró-. Desde entonces, aseguraron que ''no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos a través de estos dispositivos, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente''.
El Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.), dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que explica cómo surgió el protocolo de utilización de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, y los buenos resultados que dio su implementación: baja del delito en las cárceles a través de estos dispositivos, y rápido esclarecimiento de este tipo de ilícitos cuando suceden.
El escrito se dio a conocer luego de que los diputados de la oposición Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco le pidieran al gobernador Axel Kicillof la derogación del protocolo de uso de teléfonos móviles que se instauró durante la pandemia.
A continuación, el comunicado oficial:
COMUNICADO OFICIAL REGLAMENTACIÓN DEL USO DE CELULARES EN LAS CÁRCELES BONAERENSES El Servicio Penitenciario Bonaerense hace saber cuestiones ligadas a la implementación del protocolo que regula la utilización de telefonía por parte de personas detenidas en unidades penales de la provincia de Buenos Aires y algunos resultados de esta medida: • En primer lugar, corresponde aclarar que esta disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario bonaerense luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso. Las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a la pandemia Covid19 y a la necesidad de cesar las visitas a las personas detenidas en unidades penales como forma de evitar contagios masivos que colapsaran el sistema de salud pública -objetivo que finalmente logró alcanzarse-. • La puesta en funcionamiento de esta medida, en marzo de 2020, se llevó a cabo a través de un estricto protocolo que establece pautas rigurosas de uso. Este instrumento fue validado por autoridades judiciales y se basa en antecedentes internacionales en la materia. El Protocolo, entre otras disposiciones, circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un Registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales -con excepción de whatsapp-. • El protocolo aludido se implementó en línea con decisiones adoptadas en este mismo sentido por 14 provincias de nuestro país y servicios penitenciarios de Europa (entre ellos, el de España y Gran Bretaña)
• Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente.
Por otra parte, con relación a manifestaciones públicas realizadas por los diputados Alex Campbell y Matías Ranzini vinculadas a que el Gobierno provincial no recurrió decisiones judiciales liberatorias de personas detenidas, corresponden realizar las siguientes aclaraciones. En primer lugar, y en honor al sistema republicano, son funciones ajenas al Poder Ejecutivo la de detener o liberar personas. Tampoco está dentro de las funciones de las distintas carteras de gobierno la de recurrir resoluciones en procesos judiciales. Esta última función es propia y exclusiva del Ministerio Público, así como de los organismos de la Constitución, personas o asociaciones que pueden asumir un rol procesal. A modo ilustrativo, en torno a la preocupación por la liberación de personas detenidas y de acuerdo con las estadísticas que produce la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vale traer a colación que en el año 2015 fueron 34.443 las personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías bonaerenses. Ese número fue creciendo en los años siguientes hasta llegar a 42.061 personas en 2019. Esa tendencia se revirtió a partir de 2020. En ese año ese universo de personas alcanzó las 36.257 y, al 10 de agosto de 2021, se registraron en esa misma categoría 33.715. |
Comments